La Cámara de Diputados de Perú aprobó este martes otorgar facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori para legislar durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y medidas frente al fenómeno de El Niño, al cabo de una sesión que se extendió por más de 12 horas y que incluyó dos rechazos previos antes de alcanzar el respaldo final. La votación concluyó con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, y el texto aprobado ahora pasará al Senado para su debate y eventual ratificación.
La jornada legislativa, marcada por interrupciones sucesivas en busca de consensos, reflejó las dificultades del oficialismo fujimorista para reunir los apoyos necesarios en un Congreso fragmentado. El resultado final se logró recién después de que el pleno reconsiderara una primera votación en la que el dictamen original, elaborado por la Comisión de Constitución, había sido descartado pese a contar con el respaldo de las bancadas de Ahora Nación, Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular.
Un debate con dos propuestas rechazadas antes del desenlace
Tras el primer traspié, la discusión se trasladó a un texto alternativo presentado en minoría por el congresista fujimorista Arturo Alegría. Esa propuesta amplió el alcance original e incorporó materias ajenas a la seguridad y la emergencia climática, como el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la promoción del empleo, el desarrollo productivo y el régimen tributario. El pleno también rechazó este planteamiento.
En medio de la tensión, Alegría presentó un tercer documento que proponía fusionar los 20 puntos del dictamen inicial de comisiones con otros nueve adicionales. La maniobra generó el reclamo inmediato del partido izquierdista Juntos por el Perú, cuya bancada se opuso a debatir un texto cuyo contenido formal desconocía al momento de la votación. La falta de acuerdo sobre la interpretación del reglamento de la cámara obligó a suspender la sesión y convocar a la Junta de Portavoces para destrabar el procedimiento. Ese tercer intento también terminó rechazado por el pleno.
La reconsideración que destrabó la votación
Tras el nuevo fracaso, los diputados aprobaron un pedido para reconsiderar la votación sobre el proyecto original de la Comisión de Constitución, el mismo que había sido descartado horas antes. En esta segunda instancia, la iniciativa sí reunió el respaldo mayoritario con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, lo que permitió destrabar meses de negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
El texto aprobado se limita a 20 medidas centradas exclusivamente en seguridad ciudadana y en la atención del fenómeno de El Niño, lejos de las 66 medidas distribuidas en ocho materias que había solicitado originalmente el Gobierno, entre ellas simplificación administrativa, reforma del Estado y vivienda. El documento deberá ser remitido ahora al Senado, que tendrá a su cargo el debate y la eventual aprobación definitiva de las facultades.
Las críticas de Fujimori por la demora del Congreso
Un mes después de que su Gobierno presentara el pedido de facultades, Keiko Fujimori advirtió el 29 de septiembre pasado que los diputados estaban “poniendo a prueba su paciencia”, una frase que generó críticas de distintos sectores políticos, que la interpretaron como una amenaza al Poder Legislativo.
La mandataria calificó entonces de “lamentable” y “decepcionante” la demora en responder a su solicitud, aunque apeló “a la buena voluntad y actitud positiva de los grupos políticos” para destrabar el trámite. En la misma línea, advirtió que, si el Congreso rechazaba el pedido, el Ejecutivo “abrirá todos los caminos necesarios para enfrentar la criminalidad” en el país, una declaración que anticipaba la posibilidad de recurrir a vías alternativas en caso de que la negociación legislativa fracasara.
El texto aprobado contempla, entre otras disposiciones, cambios en los controles migratorios, el bloqueo de comunicaciones vinculadas a actividades ilícitas y una reforma del sistema penitenciario, además de mecanismos para agilizar la atención a las poblaciones afectadas por las lluvias e inundaciones asociadas a El Niño. El Senado deberá ahora pronunciarse sobre la iniciativa antes de que el plazo de 90 días comience a correr para el Ejecutivo.
